«Una Europa para los ciudadanos y no para los mercados», bajo este lema este 19 de junio distintos colectivos relacionados con el Movimiento 15-M han convocado manifestaciones en más de 60 ciudades españolas para protestar por el llamado Pacto del Euro, cuya ratificación está prevista para el 27 de junio, y que ha sido muy criticado por los recortes sociales y salariales que conlleva.
En Facebook se abrió una página para la convocatoria
El único concejal de Movimiento Ciudadano para esta legislatura, José López Martinez, recordó ayer que tal y como prometió en su campaña electoral donará de forma íntegra su sueldo como edil del Ayuntamiento a organizaciones benéficas.
Según destacó a ‘La Verdad’, su trayectoria empresarial de años le dan la oportunidad de prescindir de los ingresos por su actividad pública y reorientarlos a apoyar a asociaciones y entidades que trabajan en favor de los que peor lo pasan en la crisis económica.
«Un mes daré el suelo al Banco de Alimentos, otro a Cáritas, otro al Hogar del Buen Samaritano… Hay que dar ejemplo ante el pueblo cartagenero», dijo López.
El representante de Movimiento Ciudadano, que ha perdido a uno de los concejales con los que estaba representado en el periodo 2007-2011, considera que con el reglamento del Pleno en la mano él debe tener el reconocimiento de concejal con dedicación exclusiva a las tareas de oposición.
Según señaló, como MC tiene menos de dos concejales no puede formar grupo con nombre propio pero sí formará parte del mixto, y él será el portavoz de este grupo. En consecuencia, insistió López, como a los portavoces se les reconoce la dedicación plena entiendo él la tendrá. Cobraría unos 60.000 euros brutos anuales.
Fuentes del gobierno municipal pusieron en duda que López vaya a estar liberado, e hicieron una interpretación distinta según la cual el portavoz tiene sueldo por dedicación completa siempre que su grupo represente al menos a dos ediles (él mismo y otro).
«Este último era el caso del exportavoz de MC Luis Carlos García Conesa, quien formaba grupo junto a Antonio Mínguez.
Izquierda Unida ha anunciado que su liberado no será el portavoz, Cayetano Moltó, sino su segunda edil, María Rosa Mateo. El primero está jubilado y según ha explicado no necesita el sueldo municipal para trabajar a jornada completa.
vía El concejal de MC donará su sueldo íntegro a organizaciones benéficas. La Verdad.
La investigación abierta contra la familia Botín por un presunto delito contra la Hacienda Pública y otro de falsedad documental es sólo la punta del iceberg. Al menos, eso persiguen la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción con la investigación que se abrió hace un año por las cuentas secretas del HSBC.
Según fuentes próximas a estos organismos, su objetivo es conseguir abrir una gran causa contra las grandes fortunas que tenían cuentas secretas en Suiza, un megajuicio que sirva de ejercicio ejemplarizante en la lucha contra la evasión fiscal y que, además, llega en un momento especialmente sensible.
El descontento ciudadano, cuya máxima expresión es el movimiento 15-M, y la necesidad económica del país de combatir la economía sumergida y la evasión fiscal, para enderezar en lo posible las arcas públicas, pueden encontrar en este proceso todo un bálsamo para sus heridas.
En medio de esta situación, la filtración de las diligencias abiertas por la Audiencia Nacional contra Emilio Botín, presidente de Santander; su hermano Jaime, primer accionista de Bankinter, y los cinco hijos que tiene cada uno, es todo un golpe de efecto. Además de un aviso a navegantes para el resto de titulares de cuentas secretas en Suiza.
«Ahora, deben estar temblando el resto de grandes fortunadas pilladas en la lista del HSBC», segura una fuente de Hacienda, quien recuerda que cerca de 300 fortunas, de los 659 descubiertas como titulares de cuentas secretas, acordaron el año pasado con la Agencia Tributaria regularizar su situación, mediante una declaración complementaria a las presentadas por los ejercicios 2005 a 2009, los años investigados por el fisco.
«Aquellos que rechazaron presentar una complementaria o han ingresado menos dinero del que Hacienda considera que les corresponde se verán ahora acusados de un delito contra la Hacienda Pública», señala la misma fuente.
Es decir, que parte de los 300 titulares de cuentas del HSBC que aceptaron devolver el dinero evadido pueden terminar sentados en el banquillo de los acusados. Y, de hecho, éste es el objetivo que persiguen la Agencia Truibutaria y Anticorrupción.
Y el ejemplo más claro es la familia Botín, que accedió a regularizar su situación después de que la Agencia Tributaria les exigiera, en junio del año pasado, que liquidara el IRPF y el Impuesto del Patrimonio sobre los fondos que le habían sido descubiertos en Suiza.
El ejemplo de los Botín
La saga cántabra pagó 200 millones, según ha señalado un portavoz de la familia, quien también asegurada que con este dinero los Botín están al corriente de todas sus obligaciones fiscales.
Sin embargo, la Audiencia Nacional desconfía de que hayan saldado todas sus cuentas y, por eso, ha abierto diligencias para evitar que el presunto delito prescribiera el próximo 30 de junio.
En el auto, el Servicio de Inspección de la Hacienda del Estado denuncia los obstáculos que pusieron Emilio Botín y sus hijos para esclarecer todo el patrimonio que tienen en Suiza.
En concreto señalan que las investigaciones «se están viendo ralentizadas desde el pasado mes de febrero, al no haberle sido factible la representación de los obligados tributarios la aportación de la documentación requerida». De ahí que ahora la Audiencia quiera aclarar las cuentas.
Respecto a la investigación sobre Jaime Botín y sus hijos, el auto destapa que «resulta imposible realizar alguna valoración sobre la corrección o no de las declaraciones complementarias», debido a la cantidad de información, la compleja estructura societaria y el hecho de que gran parte de los documentos estuvieran en inglés y francés.
No obstante, como dato que puede hacer sospechar al fisco sobre la necesidad de investigar más a fondo, el auto señala que Jaime Botín no presentó la declaración complementaria del IRPF correspondiente al ejercicio 2009 porque «el resultado es a devolver».
Un punto que, junto al de otras grandes fortunas, ahora la Audiencia quiere aclarar.
Las empresas ya han despedido y ahora les toca a las Administraciones públicas.
Esta es la síntesis de la idea lanzada ayer por el presidente de la CEOE, Juan Rosell, en su intervención ante la asamblea general de la patronal. Según su balance de la situación económica, el actual ajuste sobre la inversión «se puede mantener uno o dos años», pero a partir de ahora se debe sustituir «por una reducción del gasto corriente si no se quiere comprometer la recuperación económica».
Según recordó el líder patronal, las cifras que maneja el FMI indican que el déficit público estructural de España asciende a 50.000 millones de euros cinco puntos del PIB.
«Solo se puede reducir con una reforma profunda de la Administración en todos los niveles», insistió. Para ello, «no basta una reducción horizontal del salario durante un año» de los empleados públicos, como se ha hecho en 2011, sino que será necesario «reducir» en «miles» el número de trabajadores del Estado central y «otros tantos» de las comunidades que, según dijo, «no tienen competencias», tras la descentralización.»
Hay que reducir el número de empleados públicos en las actividades menos necesarias o duplicadas por otras Administraciones», continuó.
En esta línea, consideró que se deben abordar las pérdidas del sector público empresarial.
Por ejemplo «los elevados déficit de las televisiones públicas que aconsejan su privatización», señaló.
En definitiva, consideró imprescindible para la recuperación un adelgazamiento general del sector público, «con mucho músculo y poca grasa».
Y con mejores instrumentos de control de gasto en las autonomías y municipios. Así, lanzó la idea de que el Senado se convierta en «órgano auditor y evaluador» de las regiones.En cuanto al resto de recetas para reanimar la economía, Rosell reiteró la necesidad de dotar de más flexibilidad al mercado laboral. Algo que espera que se produzca en el trámite parlamentario de la reforma de los convenios. Y apuntó a los efectos nocivos de las cláusulas de revisión salarial, que están elevando el alza retributiva al 2,8% este año. Asimismo, volvió a exigir un abaratamiento de las cotizaciones sociales y de la fiscalidad del ahorro para crear empleo y atraer a los inversores.
vía Rosell propone una drástica reducción de funcionarios en CincoDías.com.