Vales falsos a cambio de alimentos

La Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia, ha descubierto una serie de acciones en las que se recoge comida y dinero de forma fraudulenta.

Una serie de comercios del municipio de Murcia han recibido la visita de personas anónimas con vales falsos que se presentan para canjearlos por alimentos, según informaron fuentes del Consistorio en un comunicado.

El documento pone a la Concejalía de Bienestar Social y Sanidad del Ayuntamiento de Murcia como pagadora del importe de los productos alimenticios por los cuales se ha canjeado el vale.

Por otra parte, la concejalía de Bienestar Social y Sanidad también ha tenido

Estafa de vales
Estafa de vales

conocimiento de otro fraude, en este caso, telefónico.

Un grupo de personas hace llamadas aleatorias a hogares del municipio de Murcia, exponiendo que son de una organización internacional que se dedica a ayudar a la gente más necesitada.

En el transcurso de la llamada, el falso miembro de la organización internacional solicita el domicilio de la persona a la que está llamando para, unos días después, pasar a recoger el importe de diez euros. En la llamada se insiste que la aportación será únicamente de 10 euros y solamente tendrá que hacerla una vez.

El Ayuntamiento de Murcia ya ha puesto en conocimiento de la Policía Local de Murcia ambas acciones fraudulentas.

vía Europa Press.

Competencia destapa un fraude millonario en la licitación de obra pública

El nuevo presidente de la CNC, Joaquín García Bernaldo de Quirós, ha hecho su debut en materia de sanciones, en la nueva etapa del organismo, con la comunicación de la tercera mayor multa de la historia en Competencia (tras los 130 millones de euros a las compañías del seguro del cártel del seguro decenal y los 61,1 millones a las cinco principales eléctricas). Es una sanción de 47,14 millones a 47 empresas del sector de la construcción por llegar a acuerdos para repartirse y fijar los precios de las licitaciones de obras de rehabilitación de carreteras en los concursos públicos.

Joaquín García Bernaldo de Quirós, presidente de la CNC.- PABLO MONGE

El organismo explica que la colusión afectaba a licitaciones convocadas por el procedimiento restringido. El modus operandi de las compañías multadas consistía en mantener contactos y reunirse para intercambiar información sobre las bajas que tenían previstas. “A partir de ello, acordaban cuál sería el importe de la baja ganadora, así como el resto de ofertas”, dice la CNC.

El resultado: las bajas, entre un 1% y un 6%, eran muy inferiores “que las que se observan en condiciones competitivas”, que oscilan entre el 15% y el 30%. Otra de las conclusiones de esta conducta es que la empresa ganadora obtenía un mayor presupuesto para la obra a costa de que la Administración pagara un precio mayor.

Luego, la compañía ganadora compensaba económicamente al resto de competidores en la licitación por presentar sus ofertas modificadas. En cuanto a las pruebas encontradas, Competencia señala que algunos de los pagos acordados han sido detectados en las contabilidades de dos de las empresas involucradas en los acuerdos y en los pagarés emitidos entre empresas.

El organismo ha cuantificado parte de las pérdidas ocasionadas al erario público. En concreto, subraya que solo en ocho de las catorce subastas restringidas de rehabilitación de carreteras, donde se han acreditado los acuerdos anticompetitivos, las pérdidas para el Estado y, por tanto, para los contribuyentes, ha ascendido a 14 millones de euros.

La CNC recuerda que el procedimiento restringido consiste en que la Administración convoca la licitación a la que solo pueden presentar su oferta las empresas que, habiéndolo solicitado, “y en atención a su solvencia, establecida de acuerdo con criterios objetivos y justificados”, sean seleccionadas por la propia Administración.

“En estas licitaciones, la Administración marca un presupuesto de referencia y las empresas seleccionadas deben presentar sus ofertas, indicando la baja que sobre ese presupuesto están dispuestas a realizar”.

En este punto, Competencia critica a las Administraciones por no evitar este tipo de conductas. Por ello, recomienda seguir la Guía para la contratación pública, recientemente elaborada por el organismo, para luchar contra este comportamiento. Según la guía, la colusión en la licitación pública supone un encarecimiento de aproximadamente el 20% de los contratos, “con manifiesto perjuicio para las cuentas públicas y paralelo enriquecimiento ilícito de quienes en tales conductas participan”. Y como prueba de ello, la CNC se remite a las multas comunicadas.

La CNC considera acreditados acuerdos para modificar las ofertas en 14 licitaciones públicas de conservación, mejora, renovación y rehabilitación de firmes y plataformas convocadas en todo el territorio nacional, entre los años 2008 y 2009. La mayoría de estas licitaciones, en concreto 13 de ellas, fueron convocadas por el Ministerio de Fomento, a través de la Dirección General de Carreteras, y una por la Junta de Castilla y León, por medio de la empresa pública Promoción de Viviendas, Infraestructuras y Logística (Provilsa).

Fuentes de la CNC aclaran que el mercado donde actúan estas empresas sancionadas es “muy pequeño”, relacionado con el asfaltado y la rehabilitación del firme ,y ponen énfasis en señalar que la contratación pública es todavía una asignatura pendiente en España. “Es necesario que se haga bien y que se cumplan una serie de requisitos”, algo que, según estas fuentes, ahora no ocurre, por lo que se remiten a la necesidad de seguir la Guía de contratación pública elaborada por Competencia a partir de estudios realizados por organismo internacionales, como la OCDE.

Competencia dice que la colusión en las licitaciones, o bid rigging, “constituye una de las conductas anticompetitivas más graves. En este caso, el mayor precio pagado por la Administración por la ejecución de estas obras tiene un impacto presupuestario que afecta a todos los contribuyentes”. El procedimiento se inició en 2009, gracias a una denuncia, con inspecciones en las sedes de seis de las empresas implicadas, y en 2010 abrió un expediente sancionador contra 53 empresas del sector de la construcción.

Entre las compañías multadas con una mayor cuantía, que puede ser recurrida ante los tribunales, se encuentran Gevora Construcciones (con 5,3 millones de euros), Constructora Hormigones Martínez (5 millones), Asfalto y Construcciones Elsan (2,3 millones), Pas Infraestructuras y Servicios, anteriormente denominada Pavimentos Asfálticos Salamanca (2,1 millones), Pavasal Empresa Constructora (1,8 millones), Eifffage Infraestructuras (1,8 millones), Mistura Obras e Proxectos (1,6 millones), Ecoasfalt (1,4 millones) y Álvaro Villaescusa, Arcenbansa, Ascan Empresa Constructora y de Gestión, Asfaltos de León, Rafael Morales, Tebycón, Copisa Constructora Pirenaica, Extraco Construcciones e Proxectos, con algo más de un millón de euros.

Entre las compañías sancionadas con cantidades inferiores al millón de euros, y nunca por debajo de los 100.000, se hallan: Obras Hergón (555.960 euros), Ovisa Pavimentos y Obras (100.000), Eoc de Obras y Servicios (742.975), Pavimentos Barcelona (787.650), Pavimentos Asfálticos de Castilla (946.235), Contratas Iglesias (232.660) o Alario Obra Civil (100.000).

La cifra

5,55 millones de euros es la multa impuesta más voluminosa, que ha ido a parar a Obras, Caminos y Asfaltos. También han sido sancionadas una filial de ACS (Vías y Construcciones, con 105.960 euros) y OHL (Obrascón-Huarte-Laín, con 276.855 euros).

Competencia destapa un fraude millonario en la licitación de obra pública – CincoDías.com.

La Policía Nacional detiene a once personas

 

 

La Policía Nacional detiene a once personas vinculadas a un entramado societario que habría defraudado cerca de 4 millones.

Se ha investigado a 30 empresas que no abonaban los seguros sociales de sus trabajadores ni estaban dadas de alta en la Seguriad SocialAgentes de la Policía Nacional han detenido a once personas, e imputado a otras dos, por un delito de insolvencia punible y otros siete delitos contra la Seguridad Social.

Se estima que el importe de lo defraudado por el entramado societario supera los 3.835.000 euros.

La Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería General de la Seguridad Social había detectado que dos empresas, con un mismo administrador, habían superado en 2008 los 120.000 euros de deuda contraía con la Seguridad Social, cantidad exigida para tipificar los hechos como delictivos.

A lo largo de la investigación, y gracias a las declaraciones de algunas trabajadoras, se identifica no sólo al administrador si no también al responsable de esas dos empresas y se constata que existen otras sociedades que son utilizadas por los dos jefes del entramado, F.J.I.R. y O.V.R. En total, los agentes investigan a 30 empresas que han tenido trabajadores a su cargo sin abonar los seguros sociales correspondientes.

Los investigadores detectan además sociedades mercantiles que no se encuentran de alta en la Seguridad Social, empresas que son utilizadas para ocultar el patrimonio de los responsables societarios.Los dos responsables del entramado utilizan un número elevado de testaferros para las empresas deudoras con la Tesorería General de la Seguridad Social y con otros organismos, algunos de ellos trabajadores de sus empresas y sus mujeres, en otras ocasiones delincuentes habituales.

En las empresas donde se encuentran los bienes, los testaferros son las propias esposas e hija de los responsables de todo el entramado societario.La operación ha sido realizada por agentes de la Brigada de Delincuencia Económica de la UDEF Central, adscrita a la Comisaría General de Policía Judicial.